No tenía sangre en sus uñas, ni en sus manos, ni siquiera en su ropa. El arma cortopunzante que encontraron los detectives tenía huellas de tres personas, ninguna pertenecía a ella. Aun así, fue acusada de parricidio y estuvo presa dos años y medio en Santiago 1.
El caso de Leticia de Asturias (57), una mujer trans residente en Puente Alto, reveló una serie de negligencias con evidentes tintes de discriminación, en diferentes niveles, respecto a la labor de las policías y la Fiscalía.
En el año 2021, Alejandro Vergara, su pareja por más de 10 años, fue brutalmente asesinado de 21 heridas, tres cortopunzantes. Al momento de realizar la denuncia estaba ebria, pero le dijo a la Policía de Investigaciones (PDI) y a la fiscal que ella no había sido. Declaración que sostuvo durante todo el tiempo que duró la investigación.
Anaís Araneda, defensora penal pública de la oficina Puente Alto, de la Defensoría Local Cordillera- Maipo, relató que “supuestamente, la gente de la toma dijo que, como Leticia tenía problemas de violencia con su pareja, ella había sido. Entonces, en base a sólo los dichos de la gente de la toma, la detienen. Ella estaba en estado de ebriedad —es alcohólica— había estado consumiendo alcohol todo el día, en ningún momento paró de consumir. Eso quedó acreditado en el juicio”.
La abogada enfatiza que Leticia fue llevada a la PDI “vulnerando todos los derechos que existen: derecho a guardar silencio, un abogado defensor (…). Se supone que en estado de ebriedad no se puede renunciar a tener un abogado, no se puede renunciar a guardar silencio”.
Pero la negligencia no se detiene allí: tres días después se encontró el arma con sangre de la víctima, con huellas de tres personas distintas de Leticia, es decir, pruebas evidentemente exculpatorias. “Como nunca tuvimos acceso a eso, ella nunca pudo ocupar ese antecedente para poder revisar la prisión preventiva, lo que significó dos años y medio que ella se mantenga en Santiago 1”, detalla la profesional.
Respecto a todo el tiempo que estuvo presa, pese a todas las pruebas a su favor, Leticia comenta que en su interior pensaba “cómo me tienen tonteando, si no tienen nada en contra mía, por qué no me dejan estar en mi casa, si no me voy a mover. Aparte, antes de comprarme un pasaje pa’ irme a otro lao, prefiero comprarme una botella de pisco, y espero sentada en mi casa”, dice riendo.
“Me gustaría que la policía chilena se diera el tiempo de investigar, porque si les están pagando, que hagan su trabajo como la gente. No porque ven una persona curá al lao de un muerto ‘ah, este fue’. No puede ser. Investiguen”, enfatiza Leticia respecto al trabajo de las policías que evidenció un proceso de peritaje totalmente irregular.
ALCOHOL, CONVIVENCIA, ACUSACIONES
Leticia vivía con Alejandro en el campamento del Cerro La Ballena. Cuenta que Jano, como lo llama, “era bueno pa’ la pelea”; incluso, peleaban mucho entre ellos, pero que ella nunca le hizo nada. “Él era grande, macizo, qué le iba a hacer yo; si yo a la cárcel llegué pesando 45 kilos, alcohólica, desnutría, mal… Yo dije ‘en la cárcel me voy a morir’”, recuerda.
Consultada por PALD sobre el momento en que tuvo que enfrentar la prisión, relata su injusta experiencia. “Horrible, porque es un mundo que uno no conoce. Yo toda mi vida en la calle, en libertad, conversando con gente. Y todo lo que sabía de cárcel era porque lo veía en las noticias, y te muestran lo peor. Y como uno es pajarito nuevo, todos te miran… y yo no tenía prontuario, nunca estuve en una comisaría”, explica.
“De todos los que hablaron tonteras en contra de mía, pensaron que me hicieron mal, pero, al contrario, me hicieron un bien, porque recuperé el hígado. Me recuperé de irme derecho al cementerio, porque iba con el hígado como chicharrón, tomaba todos los días… y tomaba esos tragos de 500 pesos. Yo sabía lo que me iba a pasar allá: me costó tres meses, con pesadillas y con ganas hasta de matarme”, recuerda sobre las falsas acusaciones y sobre la abstinencia.
TRABAJO Y LIBERTAD
Cuando volvió a su casa que compró y compartía con Jano en el campamento del cerro La Ballena, cuenta que le robaron todo. Un bolso donde tenía sus artículos de peluquería. Todo.
Sin embargo, ya se encuentra en la búsqueda de trabajo. “Me ha sido difícil, porque el trabajo está mal”, menciona; pero, afortunadamente, colegas del Caracol de Puente Alto le han ofrecido oportunidades.
“La gente me dice, ‘a la hora que tú quieras, ahí está tu puesto’”, señala. “Trabajé más de 30 años en el Caracol de Puente Alto. Todo el mundo me conoce… bueno, los que no se han ido. En septiembre quiero estar ahí de nuevo. No es lo mismo, yo me perdí del Caracol como 10 años”, cuenta Leticia sobre retomar sus labores en peluquería.
DEFENSORÍA PÚBLICA Y PROYECTO INOCENTES
El año 2013, la Defensoría Penal Pública (DPP) creó el Proyecto Inocentes con el fin de dar a conocer casos de personas que han estado injustamente encarceladas en el país, y reparar el daño público asociado a la privación de libertad.
Desde que comenzó la reforma procesal penal en Chile, 39.235 personas fueron imputadas de algún delito, estuvieron en prisión preventiva y posteriormente fueron absueltas en un juicio oral; sobreseídas porque no existió el delito que se les acusaba o porque se demostró su inocencia.
El Proyecto cumple este 2023 10 años de funcionamiento visibilizando este tipo de casos. Sin embargo, como la DPP no puede llevar a cabo acciones judiciales que vayan más allá de su misión, realizaron una alianza con la Fundación Pro Bono: la organización recibe los casos derivados de la Defensoría y realiza demandas que buscan la indemnización de las personas inocentes que han estado en prisión preventiva.
El caso de Leticia es un claro ejemplo de dicho programa. No sólo porque nunca había tenido una causa judicial, es decir, irreprochable conducta anterior, sino porque hubo una pésima labor de las policías.
Anaís Araneda detalló la dificultad que la Defensoría enfrentó para poder defender a Leticia. “Tres días después se encuentra un cuchillo que ni siquiera sabemos en qué parte de la toma estaba, porque la fiscal y la PDI no dejaron eso consignado en su investigación. El tema es que tienen la obligación de consignar todo lo que ellos hagan: si yo encuentro el arma homicida, tengo la obligación de registrarlo y que se vean las huellas”, explica Araneda.
La abogada contó a PALD que todas esas negligencias “terminaron en un juicio oral que duró cinco días, donde lo que más peleamos como defensa era vulneración de derechos, porque a ella en estado de ebriedad le toman esta declaración (…), eso sumado a que toda la prueba científica que era absolutoria: no tenía lesiones, no tenía sangre y que había un cuchillo con sangre de la víctima y con huellas de tres personas distintas que no eran ella”, reiteró la defensora.
Finalmente, la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó un recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio Público tras el fallo absolutorio en favor de esta mujer que sigue sin saber nada respecto a los responsables del asesinato de Jano.
Leticia de Asturias está libre. Puede mirar a la cara con tranquilidad a las personas que la acusaron. “Yo sabía que la verdad se iba a saber igual. Esperé, y me resultó. Yo sabía que tenía que salir”, dice.
Y finaliza, “Dios aprieta, pero nunca ahorca”.
