El proyecto que se acordó entre el ministerio de Hacienda y Trabajo, en conjunto con la Mesa del Sector Público comenzará esta tarde su tramitación en la Cámara de Diputados
¿Qué pasó?
Trabajadores del Poder Judicial y del Ministerio Público insisten en que existe una “discriminación arbitraria” al dejarlos fuera del reajuste de remuneraciones del sector público. Un comunicado solicitó al Gobierno que “que esta injusticia sea corregida a la brevedad”.
Todo iniciará este lunes con la sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde debatirán hasta total despacho el reajuste del sector público, que llegó a un 12%, considerando la inflación pasada, para quienes tienes sueldos hasta 2,2 millones de pesos.
Sin embargo, la propuesta dejó disconformes a los persecutores públicos, puesto que -al superar el salario mínimo contemplado por el Ejecutivo- tendrán un aumento fijo de $264 mil.
En la práctica, aseguran fuentes al interior del organismo, el cambio significa un reajuste real de entre un 4% y 6% para el grupo de mayores ingresos.
El comunicado
“El anuncio del Gobierno de Chile de excluir del reajuste de remuneraciones del sector público a un porcentaje importante de los miembros del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Penales Pública, Jueces Tributarios y Aduaneros no sólo representa una disminución de los salarios de los operadores del sector Justicia, sino que constituye un afectación al Principio Independencia Judicial y autonomía del sistema de justicia”, señaló el documento.
Los trabajadores argumentaron que el no estar incluidos en el reajuste “contradice, entre otros, los acuerdos internacionales como el Estatuto del Juez Iberoamericano adoptado en la VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, 2001”.
Asimismo, el comunicado indica que “va en contra de las recomendaciones del informe temático de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, aprobado el 5 de diciembre de 2013 que indican que los operadores de justicia deben recibir una remuneración suficiente, irreductible y acorde con la importancia de la función que desempeñan y con las exigencias y responsabilidades que conlleva, indicando la comisión ‘que las remuneraciones adecuadas para las y los operadores de justicia contribuyen a evitar presiones internas y externas’”.
Además, “contraviene lo dicho por la Ministra de Justicia y Derechos Humanos en el sentido de cuidar al Ministerio Público y, además, distorsiona la escala de sueldos del Estado y afecta a sus funcionarios y funcionarias”.. Sobre esto, el Ministerio de Hacienda argumentó hace unos días atrás que “este acuerdo incluye a todos los trabajadores del sector público que habitualmente han formado parte de la cobertura de la ley de reajuste”.
En la discusión parlamentaria, el Gobierno deberá resolver las dudas en torno al efecto inflacionario para el 2023, el impacto que podría tener en el mundo privado y el anuncio de movilizaciones de las Asociaciones de Fiscales, magistrados y funcionarios del Poder Judicial.
