El cuestionado Crédito con Aval del Estado (CAE), revela que el 38% de los deudores recibe ingresos mensuales menores a 250 mil pesos, reflejando una manifiesta vulnerabilidad.
¿Qué sucedió?
El Ministerio de Educación (Mineduc) presentó este martes el primer informe de caracterización socioeconómica de las y los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), herramienta que busca “ser un acto de transparencia a la ciudadanía y contribuir a hacer mejores políticas públicas”, según expresó la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa.
“Este primer informe nos señala, por ejemplo, que la mayoría de ellos no son personas millonarias como se ha querido instalar muchas veces y que casi por voluntad no quisieran cumplir con su responsabilidad frente a los bancos; y aquí hay una promesa que no se cumplió, asociada a la movilidad social, porque el crédito se enmarca en un subsistema de educación superior que ha estado desregulado”, precisó.
Recopilación de datos
El Mineduc detalló que para la elaboración del documento se recabaron fuentes de información como el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Comisión Ingresa, la Dirección de Presupuestos (Diprés), datos Administrativos de Educación Superior como la Superintendencia de Educación Superior (SES), encuestas y literatura especializada.
Sin embargo, algunos expertos en educación afirman que algunas cifras resultan llamativas y otros expresaron sus dudas respecto a las fuentes de información consideradas y su metodología.
El 38% tiene ingresos promedio mensuales a $250 mil
El documento detalla que entre la población deudora del CAE que se incorporó a la etapa de pago hasta 2020, el 69% posee ingresos mensuales promedio inferiores a $750 mil y el 38% tiene ingresos promedios mensuales inferiores a $250 mil.
Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, comenta a Emol que le parece llamativa esta última cifra, porque “es raro que en el intervalo de 0 a $250 mil de ingresos, el promedio es sólo $48 mil. Eso es muy bajo para ese rango. Uno esperaría que el promedio estuviera en la mitad con una distribución normal”.
Frente a ello, desde este centro de estudios creen que lo que hizo la Subsecretaría de Educación “fue suponer que las personas que no aparecen en su base de datos, tiene ingreso cero, y eso no necesariamente es así”, plantea Rodríguez, puesto que pueden existir otras variables como que esas personas “no declaran ingresos, son informales, o que todavía viven con sus padres; y no necesariamente son personas especialmente vulnerables”.
Incluso, afirma que “si tomáramos como cierto que, de las personas que utilizaron el CAE, un 38% de ellas ganan menos de $250 mil, no calza con la distribución del ingreso en Chile. Serían incluso más vulnerables que personas que no han terminado su educación media”.
