Los 21 demandantes de la provincia Cordillera estimaron que la solución era lo más justo dado el caso.
En noviembre del 2018 se presentaron las primeras demandas civiles en los 8º, 9º y 27º Juzgados Civiles de Santiago respectivamente, en las que se obligaba al Estado Chileno a reparar el daño a víctimas de violaciones y vejámenes en dictadura, las que fueron interpuestas por abogados de DD.HH. en nombre de la Corporación de Promoción Integral y Defensa de Sobrevivientes de Prisión Política, Tortura, Derechos Humanos y Memoria Histórica de la Provincia Cordillera.
Posteriormente se ingresó una segunda demanda colectiva en diciembre de 2018 en los 11º, 15º. y 20º Juzgados Civiles de Santiago, presentando luego una tercera en el 2022. Cabe destaca que, en la primera causa, el 9° Juzgado Civil de Santiago, la Justicia dictaminó en una sentencia emitida con fecha 22 de abril de 2022 el pago indemnizatorio a siete demandantes, “por perjuicios y por daño moral” la suma de 50 millones de pesos a cada uno, estableciendo de esta forma un importante precedente.
“Pensábamos que esto iba a marcar la pauta con las demandas restantes, que son tres causas, Astorga y otros, Bruna y otros y Urbano y otros, que agrupan 7 personas en cada una de ellas respectivamente. Recientemente la Corte falló al respecto, pero entregando distintos montos a los demandantes, de forma diferenciada, incluso dentro de una misma causa, lo que creemos no procede”, señala a PALD Adán Urbano, presidente de la Corporación de Promoción Integral y Defensa de Sobrevivientes de Prisión Política, Tortura, Derechos Humanos y Memoria Histórica de la Provincia Cordillera.
De esta forma, se tomó la siguiente decisión: “vamos a reaccionar corporativamente a esta situación. Juntaremos los dineros de las tres causas, creando un fondo común, el que distribuiremos equitativamente entre los 21 demandantes”, sostiene Urbano.
Próximamente habrá reuniones en que se informará sobre este acuerdo.
