“Esto marca un precedente en la materia”, indica Adán Urbano.
En noviembre del 2018 se presentaron las primeras demandas civiles en los 8º, 9º y 27º Juzgados Civiles de Santiago respectivamente, en las que se obligaba al Estado Chileno a reparar el daño a víctimas de violaciones y vejámenes en dictadura, las que fueron interpuestas por abogados de DD.HH. en nombre de la Corporación de Promoción Integral y Defensa de Víctimas de Prisión Política, Tortura, Derechos Humanos y Memoria Histórica de la Provincia Cordillera.
La segunda demanda colectiva en tanto fue ingresada en diciembre de 2018 en los 11º 15º. y 20º Juzgados Civiles de Santiago. “Este año presentamos la tercera, representando a 28 compañeros. Estamos actualmente en proceso de presentar una cuarta demanda, esperado llegar ya entre todas sumar el centenar de personas”, señala Adán Urbano, presidente de la Corporación de Promoción Integral y Defensa de Víctimas de Prisión Política, Tortura, Derechos Humanos y Memoria Histórica de la Provincia Cordillera.
Lo relevante, es que informa que de todas las demandas ya interpuestas -tres causas en la primera y tres causas en la segunda- en cuatro de éstas ya se obtuvo un fallo en primeras instancia en el 9º Juzgado en lo Civil. “Para cada persona se pedía la suma de $ 200 millones de pesos, pero el tribunal la fijó finalmente en $ 100 millones de pesos”.
El hecho de presentar las demandas en grupos reducidos de personas responde a una estrategia procesal, recomendada por el abogado patrocinante Omar Cabrera, y que junto Boris Paredes, los asesoran en esta materia.
“Esto sin dudas constituye una gran notica para nosotros. Si bien es un fallo en primera instancia, es la primera demanda que un tribunal acoge plenamente. Esperamos que llegue finalmente a buen puerto”, comenta Urbano.
(Nota y fotografías en edición impresa de miércoles 6.11.19)
