*Juez de Garantía local detalla cómo ha sido el trabajo de este intenso mes.
*En la primera semana del estallido social, el número de audiencias -en promedio- llegaron a cien diarias.
*Durante estos 30 días, desde el centro de justicia se sostiene que en la comuna no se han registrado abusos reiterados en las detenciones.
No ha sido fácil para el Poder Judicial estos 30 días de movilización constante de parte de la ciudadanía, donde los hechos de violencia han marcado muchas jornadas.
Aplicar justicia en tiempos complejos es difícil, más cuando hay una presión social en la calle, la que además demanda derechos y garantías.
El actual edificio donde están los juzgados de Garantía en Puente Alto ha sido objeto de serios ataques, lo que ha provocado suspensión de audiencias o reprogramarlas.
Asimismo, la cantidad de detenidos, que en la primera semana llegó a un promedio de cien personas por días, también ha presionado el sistema.
Largas jornadas y la tensión misma, han hecho que la labor de todos los actores haya sido llevada al límite.
Nadie estaba preparado para una situación como ésta, menos con la violencia con la que se han registrado algunos hechos, especial los saqueos y los incendios.
Y es bajo estas circunstancias, el rol de los jueces es clave para mantener los parámetros de convivencia social y que mantenga el Estado de Derecho.
Por más que una parte de la ciudadanía pida y exija el máximo rigor de la ley, son los magistrados los que deben velar por la correcta aplicación de ésta.
Rodrigo Hernández, presidente de los jueces de Garantía en Puente Alto, conversó con Reportajes de PALD, donde detalló la labor que se ha realizado en las salas de los juzgados durante estos turbulentos 30 días.
CIEN AUDIENCIAS
Como se recordará, la primera semana luego del estallido social del 18 de octubre, fue brutal en Puente Alto.
La mayoría de los grandes supermercados fue saqueado, incluso incendiado.
Lo mismo pasó con las grandes tiendas ubicadas en el radio céntrico de la ciudad, que sufrió varios incendios que prácticamente borraron el barrio comercial de calle Concha y Toro, pasado el punto de la Plaza de Armas.
Esta situación, sin duda, se notó en los tribunales locales.
“En la primera semana de disturbios hubo un incremento sustancial de los detenidos por los ataques a locales comerciales de la comuna. Acá la policía y el Ejército, que cumplió labores de orden público, se logró detener a un número importante de personas”, detalla el juez Hernández.
Según el magistrado, en promedio en Puente Alto se dan 20 audiencias de detención diaria por delitos de flagrancia, situación que cambió de manera brusca en los primeros 7 días de estallido social, donde se llegó a tener 100 detenidos por jornada.
Sin embargo, a contar de la segunda semana, la situación ha ido a la baja de manera constante, hasta llegar a los niveles normales.
–En estos cien controles de los que usted habla, ¿cómo ha estado el nivel de formalidad, de pruebas, en relación a las causas normales que se daban? Porque uno se pregunta, ¿qué pasó con estas personas? ¿Quedaron en prisión preventiva o no, o quedaron con alguna medida cautelar? O finalmente ¿fueron detenidas sin ningún tipo de prueba?
-Habría que distinguir. Efectivamente tuvimos audiencias en las cuales había uno, tres o hasta cuatro detenidos donde para el Ministerio Público, que tiene que acreditar la participación de una persona, las funciones eran más fáciles de explicar para ellos, en el sentido de que son pocas las personas que intervienen en la comisión del delito.
Sin embargo, los problemas mayores se dan en las causas donde había muchos detenidos, más allá de lo normal. Por ejemplo, puedo recordar la causa en la cual se atentó contra un local Hites en el centro de Puente Alto. Solamente por ese caso, llegaron al control de detención más de 30 personas.
Entonces al momento de explicar la fiscalía cuál fue la participación de cada sujeto en la comisión del ilícito y atendida la masividad de la atención, donde el parte policial, por las mismas circunstancias del caso, no era suficientemente claro para indicar ‘esta persona la sorprendidos haciendo concretamente tal cosa’, ahí era más difícil establecer medidas cautelares más intensivas como una prisión preventiva.
Pese a esta situación, el juez Hernández aclara que más allá de estar bajo un estado de excepción -en este caso el de emergencia- no es posible bajar los estándares de la justicia. Es decir, el nivel de pruebas para acreditar el eventual ilícito.
Sin embargo, detalló que la mayoría de los aprehendidos quedó con alguna medida cautelar, como arresto domiciliario, firma mensual o arraigo nacional.
–¿Qué ha pasado con la participación de las personas que han sido partícipes de saqueos? ¿El Ministerio Público ha podido entregar elementos de prueba?
-(…) En lo que se refiere exclusivamente a los controles de detención, como había señalado, la prueba era básicamente el parte policial que daba cuenta de la detención de los sujetos. No contábamos en la misma audiencia con mayores antecedentes. De hecho las mismas cámaras de seguridad no es que estén disponibles de inmediato para las fiscalías, sino que ellos la tienen que solicitar a la unidad de cámaras de la municipalidad o bien a la tienda, que normalmente no operan dentro de pocas horas y en este contexto no se contaba con mayores antecedentes. Ahora habrá que ver con el devenir de los días cómo se desarrolla las investigaciones.
Sobre este delito en particular, el juez Hernández aclara que la figura del saqueo no está contemplada en el Código Penal, ya que el ilícito en sí, se denomina robo en lugar no habitado.
Asimismo, explica que las detenciones que se practican en las cercanías de un local que está siendo robado, culmina con la figura pena de robo frustrado, “por lo cual las penalidades se ven disminuidas”, precisa el magistrado puentealtino.
GARANTÍAS DE LOS DERECHOS
Uno de los temas delicados en estas cuatro semanas han sido la eventual vulneración de derechos de los detenidos o la violación de derechos humanos por parte los agentes del Estado.
En este punto, el juez Hernández hace una reflexión pausada de los acontecimientos que se han vivido en la comuna de Puente Alto.
–¿Ha tenido la oportunidad de visitar las comisarías? De los casos que han llegado, de las detenciones, ¿se ha podido constatar vulneraciones a los derechos de los detenidos?
-De lo que yo tengo noticias hasta el momento es que al menos en el Juzgado de Garantía de Puente Alto se han deducido tres recursos de amparo del artículo 95 del Código Procesal Penal, que no es lo mismo que el recurso de amparo que se conoce y se interpone en las Cortes de Apelaciones. Este es un recurso que se interpone ante un juez de Garantía donde cualquier persona puede solicitar al juez de la jurisdicción para que tome las medidas de la persona que está sujeta a malos tratos. Ahí el juez se constituye en el lugar y toma las medidas como la libertad inmediata de la persona o bien para determinar su traslado al tribunal.
Finalmente, de estos tres casos, que implicó a unas 20 personas que habían denunciado malos tratos, en el tribunal la gran mayoría se desistió de la acusación, quedando solo los casos donde están involucrados menores de edad.
Este punto, el juez Hernández recuerda que en pleno toque de queda los magistrados puentealtinos no contaban con salvoconductos ni vehículos especiales para trasladarse durante la noche a fin de asistir a los lugares donde se denunciaba malos tratos.
A raíz de aquello, se logró establecer un protocolo de traslado y seguridad de los magistrados.
–Además de estos casos que usted acaba de detallar, ¿usted considera que el trato hacia los detenidos o la forma en cómo han operado los agentes del Estado ha sido desmedido, o ha sido proporcional, han estado dentro de la regla o solo han ocurrido hechos muy puntuales y que todo ha operado bajo el estricto apego de la reglamentación vigente?
-Es difícil responder esa pregunta desde el punto de vista judicial (…) Hemos tenido casos en los cuales se pudo haber cometido algún abuso, pero en cuanto a calificar si la conducta de los agentes del Estado ha sido abusiva o no, hasta el momento no contamos con los antecedentes necesarios y que además los debe recopilar la fiscalía, por lo que adelantar un juicio en ese sentido sería, eventualmente, emitir un pronunciamiento previo respecto a una situación que posteriormente vamos a tener que juzgar.
Por lo tanto, me resulta imposible dar un diagnóstico certero, ya que ello podría dar una eventualidad parcial al momento de conocer estas causas que están en una etapa investigativa.
Sin dudas que el trabajo de la justicia ha sido arduo estas semanas, en especial para garantizar los derechos y aplicar las medidas respectivas a quienes han vulnerado el orden público o cometido un delito.
La paz social, también requiere de una buena justicia.
(Reportaje editado en edición impresa de sábado 16.11.19)
