Es la primera vez en la historia comunal que autoridades municipales son sometidas a una investigación de esta naturaleza.
Proceso podría terminar en destitución de concejalías investigadas.
¿Qué sucedió?
Un nuevo Caso tipo “Basura” se habría producido con algunos concejales de la municipalidad de Puente Alto. Esto, tras una sesión extraordinaria llevada a cabo el 26 de julio del 2021, en la que se buscaba resolver la disposición final de los residuos en la comuna. Los concejales cuestionados se negaron a contratar la opción más barata y conveniente, pero además indicaron que habían sostenido reuniones y visitado a una de las empresas participantes, sin informar de esta gestión como lo mandata expresamente la ley del lobby.
Los hechos
“Nos reunimos con Raimundo Pérez-Cotapos y con Don Pedro Pablo Larraín, en Lepanto” aseguró en dicha oportunidad la concejala María Olga Yáñez Real, casi al término de la sesión, lo que encendió las alarmas pues se trataría del Encargado Comercial y del Gerente General de la empresa Greenrec Lepanto.
Cabe recordar que “GreenRec Lepanto”, es un nombre de fantasía de Empresa Industrial y Minera Los Esteros Limitada, una de las compañías a cargo del ex vertedero Lepanto en San Bernardo a la que en 2019 la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) formuló tres cargos en su contra y también fue objeto de un sumario e incluso de la prohibición de funcionamiento por parte de la Seremi de Salud, por incumplimiento a la norma sanitaria y olores.
Luego de conocida en la sesión de concejo la reunión sostenida entre los seis concejales y GreenRec Lepanto justo cuando esta empresa estaba compitiendo en una licitación, un diputado por el distrito realizó una consulta a la Contraloría General de la República en la que solicitó la fiscalización a los seis concejales involucrados. El motivo fue que reunirse con uno solo de los participantes afectaría la igualdad entre oferentes en un proceso que debe garantizar probidad y transparencia a las partes.
La Contraloría
En la sesión del 26 de julio del año pasado se realizó la votación del Concejo Municipal, en la que los 6 concejales tenían los votos suficientes para imponer la empresa ganadora. La votación determinó que no se eligiera la que por evaluación técnica y económica era la más conveniente. Esto hizo que finalmente se determinara que la misma Greenrec Lepanto se adjudicara los trabajos requeridos por medio de un trato directo por seis meses. Este trato además tenía un costo varias veces superior al propuesto por la gestión alcaldicia.
La Contraloría General de la República ante los graves antecedentes, resolvió instruir un procedimiento sancionatorio para determinar las responsabilidades de las concejalías en cuestión por posibles faltas a la probidad.
En caso de que esta situación se comprobara, podría conllevar el remitir los antecedentes al Tribunal Electoral, y terminar hasta con la destitución de uno o más concejales, ya que al parecer no todos los concejales involucrados tendrían el mismo nivel de participación en los hechos. Todo esto, sin perjuicio de las facultades del ente contralor, y eventualmente de la autoridad municipal, de remitir los antecedentes al Ministerio Publico, por el eventual delito de tráfico de influencias que pudiera configurarse.
