Este martes comienza la discusión de liberar, o mantener en prisión preventiva a la espera de una resolución o condena, a 144 personas, que fueron capturadas cometiendo delitos e infringiendo la ley, bajo el escenario del estallido social, originado hace más de dos años.

¿Cargos?

Los imputados están acusados de portar armas, lanzar bombas molotov en espacios públicos y a personal policial, incendio en iglesias, destrucción de monumentos, incendio en el metro, saqueos y violencia desmedida, entre otros.

Recordemos que Puente Alto fue una de las comunas más afectadas con los desmanes; saqueos, incendios en estaciones de servicio de combustible, ataques incendiarios también hacia negocios locales de emprendedores emergentes, robos a multitiendas, quema de vagones de metro y estaciones completamente destruidas por los antisociales. Varios meses estuvieron clausuradas estaciones claves como Protectora de la Infancia y/o Elisa Correa, que perjudicarían a nuestros vecinos de la comuna para su traslado hacia su lugar de trabajo.

¿Reacciones?

El viernes recién pasado se congregaron decenas de personas en Plaza Baquedano, para manifestar a favor de los “presos del estallido”, ya que para muchos, existen ciudadanos capturados injustamente. Dicha acción provocó cortes de luz en varios sectores aledaños; carabineros controló la situación dispersando el accionar con carros lanza aguas y lanza gases.

El núcleo de la política está dividida. El Presidente Sebastián Piñera repudia este proyecto, porque no justifica la violencia en ningún aspecto, menos los fuertes acontecimientos que vivieron los chilenos en 2019;  que muchos tuvieron consecuencias funestas de por vida; como pérdida de visión y secuelas físicas de otra índole. El mandatario enfatizó: “Sería una muy mala señal indultar o amnistiar a esas personas. Yo creo que no le hace bien a Chile y es, por esa razón nosotros, no estamos de acuerdo con ninguno de los dos proyectos de ley y así lo hemos dicho desde el primer instante”.

Qué dicen autoridades

Rodrigo Gallilea (RN), uno de los senadores que integra la comisión, es un principal opositor de este proyecto, e indicó que “nos tenemos que hacer responsables de la cosa y la violencia nunca puede ser una herramienta de transformación social”.

Por otro lado, la semana pasada el diputado y potencial ministro para el nuevo gabinete de Boric, Giorgio Jackson, se reunió con la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta, oportunidad en la que se comprometió a retirar las querellas por Ley de Seguridad del Estado.

El indulto considera una extinción de la responsabilidad penal, el cual perdona la pena, sin embargo el imputado sigue siendo culpable del delito por el que fue acusado y puede ser total o parcial. La noticia continúa en desarrollo, esperando la decisión de los involucrados de resolver.